Gobierno compra 2 centros de detención para migrantes

(AP)- La empresa de prisiones privadas CoreCivic vendió dos de los mayores centros de detención de inmigrantes en California al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) en un acuerdo valorado en 1.500 millones de dólares, anunció la compañía el lunes.

Según sus declaraciones, CoreCivic prevé que la venta del Centro de Detención de Otay Mesa, en el condado de San Diego, y del Centro de Detención de California City, en el condado de Kern, le genere ingresos netos estimados de aproximadamente 1,100 millones de dólares.

La venta se cerró el 2 de julio, según una presentación reciente ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, y el gobierno federal pagó 739,2 millones de dólares por la instalación de Otay Mesa, con 1.994 camas, y 732,6 millones de dólares por la instalación de California City, recién inaugurada y con 2.560 camas.

CoreCivic señaló en un comunicado de prensa que espera seguir a cargo de las operaciones diarias de ambas instalaciones en virtud de los contratos de administración vigentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La empresa reconoció en su presentación que los términos de esos contratos podrían renegociarse ahora que el gobierno federal es propietario pleno de ambas propiedades.

También podrían no renovarse. El contrato de CoreCivic en California City se extiende hasta agosto de 2027, y su contrato en Otay Mesa está vigente hasta diciembre de 2029, con opción de prorrogarlo por cinco años más.

La compra se produce mientras el Departamento de Seguridad Nacional dispone de una afluencia de efectivo sin precedentes. El presupuesto federal de 2025 otorgó a la agencia cerca de 170,000 millones de dólares para la aplicación de leyes migratorias y la detención, incluidos 45,000 millones de dólares asignados específicamente para ampliar la capacidad de detención hasta el año fiscal 2029.

La adquisición de los dos sitios es un paso más en el plan del gobierno federal para ampliar la capacidad nacional de detención de inmigrantes sin depender de los dos mayores contratistas privados de prisiones, según un informe del Brennan Center for Justice de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, publicado en febrero.

La transición propuesta para alejarse de la detención privada se describió entonces como la “ICE Detention Reengineering Initiative” (“Iniciativa de reingeniería de Detención del ICE”) en documentos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos difundidos por la ciudad de Social Circle, Georgia, donde las autoridades municipales mostraban su preocupación por la presión sobre los servicios de la ciudad que supondría la construcción de un gran centro de detención que albergaría entre 7,500 y 10,000 personas.

“Este nuevo modelo permitirá que el ICE cree una red de detención eficiente al reducir el número total de centros de detención contratados en uso, al tiempo que aumenta la capacidad total de camas, mejora la gestión de la custodia y agiliza las operaciones de expulsión”, según el memorando del ICE, sin firma.

El programa de compras del Departamento de Seguridad Nacional sorprendió a funcionarios locales de al menos cinco estados, quienes se enteraron de las adquisiciones y de su propósito después de que se cerraran los acuerdos. Algunos de esos proyectos han enfrentado impugnaciones legales, según el New York Times, aunque la agencia parece estar avanzando con cuatro adquisiciones de almacenes.

Inspecciones sanitarias en centros del ICE

La ley de California permite que funcionarios estatales y locales inspeccionen los centros de detención de inmigrantes, y líderes demócratas han llamado la atención sobre las condiciones en ambos sitios desde que el presidente Donald Trump comenzó su segundo mandato. Ocho centros de detención del ICE operan dentro del estado, frente a los seis que había desde que el expresidente Joe Biden dejó el cargo.

La instalación de Otay Mesa ha estado en el centro de una disputa legal en curso sobre inspecciones sanitarias locales. En marzo, funcionarios del condado de San Diego demandaron al gobierno federal y a CoreCivic tras afirmar que se impidió que los inspectores de salud realizaran una inspección completa en virtud de una ley estatal de 2024. Posteriormente, un juez federal concedió a los funcionarios de salud del condado acceso al centro de detención.

Las empresas de prisiones privadas CoreCivic y GEO Group han contraatacado en los tribunales la ley de inspección por condados de California de 2024, al sostener que los estados no pueden aprobar leyes que impongan cargas directas a las funciones esenciales del gobierno federal. GEO Group argumentó que la ley estatal es inconstitucional porque invade la autoridad federal sobre los centros de detención de inmigrantes.

California City abrió el año pasado en el este del condado de Kern, a unos 161 kilómetros (100 millas) al norte de Los Ángeles, en un sitio que la empresa operó anteriormente como prisión estatal. Sigue en curso una demanda federal sobre si la instalación abrió sin los permisos adecuados en la remota California City.

Grisel Ruiz, abogada interna del Immigrant Legal Resource Center, afirmó que el cambio de propiedad no modifica la opinión de su organización de que la instalación abrió sin los permisos requeridos.

La organización tiene previsto pedir el martes a la comisión de planificación de California City que deniegue los permisos y cierre la instalación. El fiscal general Rob Bonta ha instado a lo mismo.

“La venta al Departamento de Seguridad Nacional no cambia el hecho de que CoreCivic aún debe operar la instalación de manera legal”, manifestó Ruiz.

La abogada también señaló que el acuerdo de venta parecía favorable para CoreCivic, ya que obtiene las ganancias por la venta de la propiedad, además de ingresos por seguir operando las instalaciones para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

“Se quedan con todo el pastel y además se lo comen”, comentó Ruiz.

CoreCivic indicó que los precios de venta se fijaron mediante un proceso del gobierno federal en el que tasadores independientes consideran el costo de reemplazo, la depreciación y el valor del terreno para determinar el justo valor de mercado. El portavoz Ryan Gustin dijo que el gobierno revisó las tasaciones para verificar el cumplimiento de las normas federales.

“El proceso estuvo marcado por el rigor y la integridad”, señaló Gustin en una declaración enviada por correo electrónico.

Más ventas posibles

La empresa también reveló que mantiene conversaciones con el ICE sobre la venta al gobierno federal de otros centros de detención, aunque precisó que esas conversaciones están en las etapas iniciales de un acuerdo y podrían no concretarse.

CoreCivic, con sede en Tennessee, dijo que los ingresos de la venta, que serían de alrededor de 1.100 millones de dólares después de impuestos y costos de transacción, podrían destinarse a reducir su crédito bancario y a amortizar 238,5 millones de dólares en pagarés con derechos prioritarios con vencimiento en 2027. Cualquier fondo restante está destinado a una mayor reducción de deuda o, posiblemente, a recompras de acciones.

“Estamos satisfechos con las ventas de estas dos instalaciones críticas para la misión del socio gubernamental de la compañía, al tiempo que reflejan nuestro papel como proveedor de soluciones flexibles a largo plazo para el gobierno”, dijo en el comunicado de prensa Patrick Swindle, presidente de CoreCivic.